Espacio Cedido - 25/04/2012

Lanata discriminado… ¿Y el INADI? (Por Rodolfo Florido)

En el programa del domingo con picos de 18 puntos de rating y un promedio que nunca bajó de 16, se pudo observar claramente, filmado y con audio, como, supuestamente el Hotel Alto Calafate, perteneciente a la familia Presidencial, un presunto o supuesto Gerente u empleado jerárquico arbitraba una medida para impedir que Jorge Lanata y su equipo de televisión ocuparan las habitaciones reservadas con anticipación. El motivo que adujeron fue… la “reserva del derecho de admisión”.

Ya debería estar actuando de oficio algún fiscal y/o incluso un Juez para establecer si en el caso de Lanata fue una aplicación justa o arbitraria del la Ley 23592 que entre otras cosas trata sobre el Derecho de Admisión sancionada en el año 2008. De una primera aunque concienzuda lectura de esa Ley y de sus modificaciones, surge casi con meridiana claridad que la prohibición de acceso a Jorge Lanata fue un claro ejercicio de Discriminación por motivos políticos / ideológicos.

Una de las partes modificadas para darle mayor transparencia a los intentos de arbitrar que la reserva del derecho de admisión degenere en arbitrariedades discriminatorias, es citada en la Web especializada y oficial  http://www.adclegislativo.org.ar donde dice:

El proyecto de Ley nueva define como acto discriminatorio aquel que menoscabe el pleno ejercicio de los derechos subjetivos de las personas; aquel que trate a una persona diferentemente por causa de sus características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales, o culturales, o sus ideas políticas o filiación partidaria o gremial. También es considerado un acto discriminatorio aquel que incita a la violencia a causa de las características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales, o culturales de una persona.

Esta nueva Ley obligaría a quien causara el acto discriminatorio a reparar los perjuicios causados a las personas que acrediten haber sido dañadas.

Los jueces podrían actuar a pedido de partes para hacer cesar los actos discriminatorios que se prologan en el tiempo, pero podrían hacerlo también de oficio.

Las personas que realizaran deliberadamente actos discriminatorios serían penadas con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.

Finalmente, el texto de la Ley debiera ser exhibido en locales de acceso público para informar todos sobre las reglas nuevas.

Lo cierto es que cuando Lanata se alojó en el Hotel Los Sauces propiedad de de la Presidente; en una nueva emisión de Periodismo para Todos, la sorpresa hizo que Lanata pudiera hospedarse. Claro que, echarlo después habría sido un escándalo mayúsculo. Pero la réplica llegó cuando se traslado al otro hotel familiar, el Hotel Alto Calafate. Allí, fue rechazado y no se le dio ninguna explicación razonable. “Orden del Directorio que se reserva el derecho de admisión”. La situación no llegó a mayores porque el periodista no armó (lo que está fuera de su estilo) un escándalo, pidiendo precisiones y la presencia de la fuerza pública por la flagrante acción de discriminación de naturaleza política.

Convengamos que si Lanata hubiese deseado una mejor situación, le habría resultado imposible imaginarla. La discriminación era tan absurda y poco inteligente como beneficiosa para Jorge Lanata que podía así poner la fuerza de las imágenes al servicio del concepto autoritario y discriminador que se práctica desde los más altos niveles del poder. ¿O alguien piensa que la decisión de impedir el alojamiento de Lanata salió de un ignoto y desconocido directorio y no de la familia presidencial?

Esta acción, sumada a la por demás conocida venta de tierras a la familia presidencial y a muchos funcionarios y amigos del poder santacruceños, terminaban por configurar el sentido del programa que, sin decirlo, demostraba que ese “mi lugar en el mundo” como suele decir la Presidente, se parece más a un feudo del medioevo que al supuesto progresismo nacional y popular que se declama desde todos los atriles. 

"Lamentablemente no los vamos a poder alojar. Yo cumplo órdenes, soy un empleado. A mí me bajó una orden, pero no tengo el nombre de la persona", expresó el incomodo empleado del hotel.

Daba para más. Pero el pudor de Lanata para no incomodar más aún a un empleado que podría perder luego su trabajo, pudo más y las preguntas no llegaron. ¿Quién fue la persona que le dio la orden? ¿Si no sabe el nombre de la persona que le dio una orden como puede saber que la orden debe ser ejecutada? ¿Cuál es el criterio de aplicación para la aplicación del derecho de admisión, si a las claras no hay borrachos presentes, violentos comprobados, drogadictos en obviedad, etc., etc., etc.?

La Justicia y el INADI debería hacerse presente y aprovechar esta circunstancia para sentar algún precedente sobre los alcances del cartelito… “nos reservamos el derecho de admisión”… y que cuando se ejerza estén los motivos contemplados en la ley vigente y que esa aplicación sea debidamente informada al afectado. Lo contrario terminará creando precedentes inversos de discriminación efectiva en lo más sensible de una democracia. O sea, que el derecho a ejercer la libertad no se vea condicionado por la arbitrariedad del poder expresada en su más oscuro laberinto de prejuicios y odios personales.

Lic. Rodolfo Patricio Florido

rodolfoflorido@hotmail.com

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