Economía y Politica - 26/04/2012

El Concejo Municipal sesionó en el Barrio El Frutillar

Se trató de la segunda sesión ordinaria fuera del Centro Cívico. Se aprobó el Proyecto de Ordenanza que exige al Ejecutivo la publicación total e inmediata de las resoluciones de intendencia.

La eventualidad de sesionar en El Frutillar, se fundamenta en que existe un programa que establece la realización de una sesión mensual  fuera de sus instalaciones. En ese marco, la presidenta, María Eugenia Martini, junto a los vicepresidentes del cuerpo, Carlos Valeri y Leandro Lescano, hicieron entrega de una plaqueta, agradeciendo a la Junta Vecinal la disposición del espacio para realizar la sesión ordinaria.

La misma fue recibida por el presidente de la entidad vecinal, Rubén Llanquinao, quien agradeció la visita y reconoció que la iniciativa les permite a los vecinos “conocer en persona los temas que aborda el Concejo Deliberante y el tratamiento que merece cada uno de los temas tratados”. Por otro lado, la sede vecinal del barrio San Francisco I será el escenario de la próxima sesión itinerante, que tendrá lugar a fines del mes de mayo.

El clima del comienzo de sesión no fue el más apropiado, pero se veía venir. Luego de la denuncia por parte del Intendente, Omar Goye, hacia los recicladores de Asociación de Recicladores Bariloche (ARB), era de suponer que los ediles harían su descargo y una toma de posición ante los hechos.

Así fue que la denuncia presentada fue rotundamente criticada y rechazada por el Concejo Municipal ya que los ediles repudiaron “la criminalización y judicialización de la protesta”.

El total del cuerpo deliberativo, incluyendo al bloque oficialista, rechazó la medida de Goye. El Frente Grande desacreditó al intendente por considerar que “no es consecuente con el Proyecto Nacional y Popular”. Martini aseguró que “este sí es un Gobierno peronista”, pero “nuestro bloque no está de acuerdo con la criminalización”, sentenció.

Las aguas se dividieron a la hora de comparar la actitud de Goye con la del Gobierno Nacional. Alfredo Martín (Frente Grande), consideró que el intendente “no es consecuente con el Proyecto Nacional y Popular”, y destacó que el Gobierno central “nunca judicializó la protesta social”. Pidió que Goye “revierta la denuncia” y disparó: “Espero que haya sido un error, ojalá que reflexione”.

Esta opinión fue avalada por el concejal, Mauro González (PVC), quien profundizó: “La actitud de Goye no es la de un Gobierno peronista, no busca la paz social”.

Por su parte, Maru Martini admitió haberle advertido su posición al intendente. “Soy una trabajadora social y sé que los denunciados (por los integrantes de la ARB) son 60 familias que trabajan en condiciones indignas” y agregó que “el Gobierno provincial firmó un convenio por 60 mil pesos para atender la falta de insumos”.

Las resoluciones serán de carácter público

Se aprobó durante la sesión el Proyecto de Ordenanza 036/12 “Mecanismo de información de las resoluciones de Intendencia”, en donde el bloque oficialista propuso que la publicación de las Resoluciones del Ejecutivo “sea casi inmediata” y no después de 48 horas, como establecía el Proyecto original.

Tal como lo dispuso por unanimidad el Concejo Municipal, a partir de ahora, el Ejecutivo local deberá transparentar a la ciudadanía sus actos de Gobierno y anular la restricción a la información pública.

El bloque oficialista, incluso, modificó el Proyecto de Ordenanza que originalmente establecía un plazo máximo de dos días para publicar las Resoluciones, e incluyó que la publicación sea "prácticamente automática", con un plazo de un día. “Pedimos que se modifique el plazo de publicación, y que se exija como tope máximo, 24 horas después de la emisión de la Resolución”, expresó Alejo Ramos Mejía (FpV-PJ).

Además sostuvo que hacer públicos los actos de Gobierno, “legitima y fortalece la democracia en Bariloche y el Estado Municipal”, y entendió que el acceso activo de la ciudadanía a ese tipo de información, puede generar, si no se avala un determinado acto de Gobierno, la modificación inmediata de las decisiones del Ejecutivo”.

Por otra parte, lamentó que no se haya presentado a defender la postura de las autoridades municipales, “quien impulsó la medida de restricción de acceso inmediato y total a las Resoluciones: el Asesor Letrado Rodrigo García Spitzer”.

Al respecto Leandro Lescano, autor de la Ordenanza que establece la obligación de la publicación en Internet (página web oficial del Municipio) de las Resoluciones, sostuvo que “es una falta de respeto que el Ejecutivo haya enviado a defender su postura a una funcionaria de segunda línea que no había leído el proyecto”.

Además consideró que pese a que el Gobierno anterior “fue muy malo", rescató "la decisión de Marcelo Cascón de publicar en la página web de manera inmediata la totalidad de las Resoluciones". Porque “el Concejo tiene el deber, y no la facultad como la ciudadanía, puntualizó, de controlar”, dijo el edil del Frente Social del Pueblo.