Como sucede con muchos aspectos de la economía, existen dos formas de responder ante una misma situación. Si de reformas agrarias en la Argentina estamos hablando, vale reconocer dos posturas: por un lado, la ley de semillas -que contempla y fomenta las mejoras llevadas adelante por empresas locales- y, por otro lado, la ley de patentes -que se encarga de resguardar a las multinacionales de esta industria. En la actualidad, ambas se encuentran sumergidas en un intenso debate.

En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso Nacional un proyecto para modificar la famosa Ley de Semillas, que se propone poner en discusión tanto el método técnico-productivo como la soberanía alimentaria, ya que dicha ley se centra en el amparo de las empresas locales en lugar de hacer foco en los adelantos de ingeniería genética. Además, la Ley de Semillas reconoce el derecho de comercialización para todas aquellas personas que desarrollen un obtentor.

No obstante, las grandes compañías están a favor de la ley de Patentes, ya que es esta la que les permite cuidar sus intereses y sus inversiones. En otras palabras, este proyecto les impediría a los agricultores ejercer el derecho al uso propio y el desarrollo de tecnología local.

Por lo pronto, el asunto continúa en discusión.