Salen en defensa de Juan Ymaz involucrado en una causa penal

La comisión directiva del Consejo de Seguridad Ciudadana de Bariloche respaldó al presidente de ese organismo, Juan Ymaz, quien sigue detenido por orden del juez de Instrucción Miguel Gaimaro Pozzi. Desmintieron que esté vinculado con la agresión que denunció Rafael Boné.



La comisión directiva del Concejo de Seguridad Ciudadana de Bariloche salió en defensa del presidente de ese organismo, Juan Ymaz, quien está detenido e imputado en una causa penal por el presunto delito de privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de un vecino de la Península San Pedro.
La detención de Ymaz sorprendió a los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana que señalaron en un comunicado que “observan con preocupación la situación judicial creada a partir de la sorpresiva detención de su presidente Juan Ymaz, quien en el día de ayer (por el martes) fuera detenido luego de allanarse su vivienda por orden del Juzgado de Instrucción Nº6, Secretaría Nº11 de esta ciudad”.
Plantearon en el comunicado que “ante tan preocupante situación y habiéndose diferido de ayer a hoy el tratamiento del pedido de excarcelación formulado, básicamente por orfandad probatoria, por parte de la defensa del Presidente del CSCB, ya que al recepcionársele declaración indagatoria en horas de la tarde no se encontraba presente el juez de la causa para resolver el planteo, entendemos necesario alertar sobre esta situación creada que pone en duda la honestidad y honorabilidad de quien, justamente, pone todo su empeño en trabajar por la seguridad de sus conciudadanos”.
El comunicado lo firman el tesorero de la Comisión Directiva del CSCB, Diego Platt, el vocal, Carlos Iriarte, el secretario, Alberto Lozada, y la Cámara de Turismo de Bariloche y Zona Andina y Eduardo Angulo por la Unión Transporte Automotor.
Anoche, fuentes cercanas a Ymaz aseguraron que el comunicado lo enviarían al ministro de Gobierno de la provincia, Diego Larreguy.
Allegados Ymaz se mostraron indignados por la situación que vive y descartaron que esté involucrado en los hechos de violencia que investiga el juez.
Fuentes judiciales informaron que junto con Ymaz fueron detenidos Cristian Aquino, Roberto Tello y Pablo Duarte, quienes serían empleados de seguridad en un barrio privado de Bariloche. Los cuatro imputados prestaron ayer declaración indagatoria en el juzgado de Instrucción a cargo de Gaimaro Pozzi.

Investigación
La investigación se originó a raíz de la denuncia que Rafael Boné presentó a principios de noviembre pasado. Boné aseguró haber sido amenazado, golpeado y retenido en su domicilio durante varias horas.
El hecho denunciado ocurrió en noviembre de 2009, cuando Boné y dos empleados suyos fueron víctimas de un grupo organizado de cuatro personas, encapuchadas y armadas que lo mantuvieron secuestrado en su domicilio durante varias horas y lo golpearon.
El fiscal Guillermo Lista promovió la causa penal que cayó en el Juzgado de Gaimaro Pozzi, quien ordenó el martes las detenciones de los cuatro sospechosos y varios allanamientos en distintos domicilios de Bariloche.
Desde el Juzgado informaron que los allanamientos “arrojaron resultados positivos”, pero no trascendió qué elementos fueron secuestrados.
Como telón de fondo del caso, hay un litigio que Boné tiene en la Justicia civil porque reclama la posesión de decenas de hectáreas en la Península San Pedro, cuyo valor inmobiliario representa varios millones de dólares.

Sentencia
De hecho, Boné logró por una sentencia del juez civil, de primera instancia, Jorge Alfredo Serra, esas 47 hectáreas que estaban registradas a nombre de “Urbanizadora Parque Entre Lagos SRL”.
La sentencia de Serra generó una fuerte polémica en enero pasado, y uno de los propietarios originales planteó la nulidad que deberá resolver la Cámara Civil de Apelaciones.
El fallo de Serra reconoció a Boné la ocupación de tierras que había iniciado Roberto Franque, el poblador alemán que le vendió la chacra contigua donde vive desde 1982.
Además, Boné inició en marzo pasado once nuevos trámites de usucapión en el Juzgado Civil 5 de Bariloche, a cargo de Emilio Riat. El magistrado denegó la unificación de los procesos con el juicio iniciado ante el juzgado Civil 1 porque considerar que “no existe conexidad”.

 
 
 
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