El juez Martín Lozada avanza con la causa que se originó en los homicidios de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, que ocurrieron el 17 de junio pasado, durante los choques entre manifestantes y efectivos policiales. Los familiares de las víctimas pidieron ayer que el ministro Larreguy dé explicaciones en el Consejo Federal de Seguridad, que integra Río Negro.




El juez Martín Lozada avanza en la investigación de las muertes de Sergio José Cárdenas, de 29 años, y de Nicolás Carrasco, de 16. Desde la oficina de prensa del Poder Judicial informaron ayer que el magistrado está trabajando sobre dos objetivos  prioritarios: Por un lado, quiere determinar quiénes fueron los autores materiales de ambas muertes, y por el otro, “reconstruir la existencia de una cadena de mando que vincule al autor material con órdenes impartidas o con la ausencia de aquellas, relacionadas con el resultado fatal”.
Señalaron que Lozada busca establecer “si las órdenes u omisiones guardan vinculación directa con las muertes”.
Destacaron que se tomaron numerosas declaraciones testimoniales y que se “revisó minuciosamente los partes diarios de cada una de las Unidades Policiales”.
Dijeron que Lozada y su equipo “tienen en su poder” y estudia los sumarios administrativos que asuntos internos de la Policía de Río Negro realizó sobre el desempeño de los efectivos policiales que participaron de los operativos del 17 y 18 de junio pasado.
Esos informes indicaron que efectivos policiales utilizaron “cartuchos no autorizados” durante los operativos. Además, concluyeron que el ex jefe y ex subjefe de la Regional Tercera de esta ciudad, los comisarios Argentino Hermosa y Fidel Veroíza, no acataron las órdenes impartidas desde el comando de la Jefatura de la Policía en esas dos jornadas trágicas.
Desde el Poder Judicial indicaron que Lozada está analizando los términos de la interpelación del Ministro de Gobierno, Diego Larreguy, quien dio explicaciones en la legislatura provincial el pasado 8 de julio.
Señalaron que en relación a la solicitud efectuada por la defensora del Pueblo, Ana Píccinini, de ser parte del proceso como querellante, Lozada desestimó ese planteo, pero aseguró que Picicnini “será informada en forma permanente sobre los avances de la investigación”.
Afirmaron que se han examinados centenares de fotografías extraídas del 17 dee junio pasado, como material fílmico aportado por la Fiscalía a cargo de Marcos Burgos, quien en esta etapa del proceso está trabajando en la recolección de otras pruebas con asistencia de peritos de Gendarmería Nacional.
En el comunicado oficial destacaron que “eventualmente, y en la medida que la causa así lo amerite, Lozada tiene previsto solicitar al Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche Pericia de sonidos, análisis de ecos de disparos  sobre los registros fílmicos y todo otro dato de interés que las pericias científicas puedan aportar al esclarecimiento de ambas muertes”.
Y enfatizaron que varias de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa fueron tomadas por el juez de feria, Gregor Joos.
Recordaron que la parte querellante está constituida por Rubén Marigo en representación de la familia Cárdenas y los abogados Ranzini y Fernández por la familia Carrasco.